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12 Octubre 2018

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Potencialidad de empleo verde en España

Resumen

Los trabajos de gestión y conservación de los montes han sido garantía de la sostenibilidad de los mismos, proporcionando en las zonas rurales lo que en la actualidad se ha dado en llamar empleo verde. El despoblamiento rural, sobrevenido por el desarrollo industrial español de los años 60 del siglo XX, y mantenido en la actualidad con un panorama de falta de oportunidades y de servicios que ofrece este medio, así como la miopía de administraciones no relacionadas con el medio rural en cuanto a facilitar y aún permitir la gestión del mismo, han fomentado aún más este despoblamiento, provocando con esto un deterioro tácito y paulatino cuya manifestación más extrema son los grandes incendios forestales. La oportunidad de retomar la gestión del medio natural y en concreto el forestal, en el marco de una política forestal nacional coherente y realista, además de revertir este tipo de situaciones indeseables, proporcionaría a España, entre otras cosas, una cantidad de empleo nada desdeñable, contribuyendo así  a la reducción del desempleo y de los costes al Estado de subsidios por esta causa, al incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social, a la disminución del riesgo estructural de incendios forestales, al desarrollo de zonas rurales tradicionalmente deprimidas o a la disminución de la factura energética española. Sin embargo, hay algunas circunstancias desfavorables en la actualidad que impiden que se pueda llegar a materializar ese potencial. 

 

1. Bioeconomía y despoblamiento rural

Según el documento preliminar de la Estrategia Española de Bioconomía Horizonte 2030, impulsado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad (de julio de 2015)[1] la bioeconomía es, en el marco de esta Estrategia, el conjunto de las actividades económicas que obtienen productos y servicios, generando valor económico, utilizando como elementos fundamentales los recursos biológicos. Su objetivo es la producción y comercialización de alimentos, así como productos forestales, bioproductos y bioenergía, obtenidos mediante transformaciones físicas, químicas, bioquímicas o biológicas de la materia orgánica no destinada al consumo humano o animal y que impliquen procesos respetuosos con el medio, así como el desarrollo de los entornos rurales.

Como puede comprobarse, en la Estrategia propuesta para España, aparecen inmediatamente las palabras productos forestales y desarrollo rural. Si en un primer grupo de actividades importantes aparece la producción de alimentos, de manera respetuosa con el medio ambiente, eficiente y competitiva, inmediatamente aparece un segundo grupo dedicado a la producción forestal y sus derivados y otras fuentes de biomasa.

Las actividades relacionadas con la bioeconomía tienen como característica esencial desarrollarse en los lugares en los que se genera la materia orgánica: las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, las empresas agroalimentarias, los entornos costeros y los centros de gestión de residuos. Por tanto, la bioeconomía debería traer consigo nuevas actividades económicas para impulsar el desarrollo en el medio rural y la interacción entre las áreas rurales y las urbanas. En paralelo surgirán empresas proveedoras de nuevos servicios para estas nuevas actividades, tanto en el ámbito de la producción y comercialización como en el de la garantía de la sostenibilidad.

Sin embargo, la Estrategia no establece en sus objetivos estratégicos u operativos ninguna acción encaminada a otra cosa que no sea fomentar la mejora del conocimiento, investigación o divulgación de dicho conocimiento, sin plantearse objetivos de promoción directa de los mercados o los procesos, que seguramente no sea el objeto de una estrategia elaborada por esa Secretaría de Estado.

Quedémonos, no obstante, con la definición de la bioeconomía en su parte forestal: obtención de productos forestales, de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente, que conlleva un desarrollo rural.

La expresión desarrollo rural hace referencia a acciones e iniciativas llevadas a cabo para mejorar la calidad de vida de las comunidades no urbanas. Según la Ley 45/2007 de 13 de diciembre para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (LDSMR), medio rural es el espacio geográfico formado por la agregación de municipios o entidades locales menores con población inferior a 30.000 habitantes y densidad inferior a 100 habitantes por Km², y Municipio rural de pequeño tamaño es aquel que presenta una población inferior a 5.000 habitantes (prioritarios para la aplicación de las medidas que propone la Ley). Según esta definición, España presenta un 90% de su territorio en medio rural y en él reside menos del 20% de la población. De la publicación del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente Agrinfo, nº 12, dedicado a la Población y Sociedad Rural[2] se extrae la siguiente información:

Mapa 1. Clasificación de municipios en España en 2007 según LDSMR (Fuente: MAPAMA, Agrinfo nº 12, 2009)

Mapa 2. Densidad de población municipal en España en 2007 (Fuente: MAPAMA, Agrinfo nº 12, 2009)

Según la definición de medio rural de la LDSMR, 6.730 municipios tienen densidad inferior a los 100 habitantes/km² con población inferior a 5.000 habitantes, y 1.143 tienen población entre 5.000 y 30.000 habitantes con densidad inferior a 100 hab/km². Sumaban una población de 18.305.337 habitantes en 2007 (datos del padrón) ocupando una superficie de 477.457 km². Es decir que sobre un 94,6% de la superficie española, el medio rural tenía solo el 40,5% de la población; y sobre los municipios de pequeño tamaño, la superficie que ocupaban era del 84,92% del total nacional, pero tenían tan solo el 18,26% de la población.

La publicación del Instituto Nacional de Estadística y de la Universidad de Sevilla sobre tendencias demográficas en España durante el siglo XX[3] muestra la evolución de la población en España, entre otras cosas, según tramos de tamaño de núcleos de población. Así, la evolución de la población según el tamaño de los municipios a lo largo del siglo XX ha sido la siguiente:

 

Gráfico 1. Evolución de población total en España en el siglo XX según tamaños de municipio (Fuente: INE)

Gráfico 2. Evolución de la proporción de población en España en el siglo XX según tamaños de municipio (Fuente: INE)

Cifras de población / Año	1900	1920	1940	1960	1981	2001
Desaparecidos	813.909	906.103	914.873	503.030
1-100	554	834	1.582	3.452	42.548	60.396
101-500	716.465	664.495	659.641	718.036	754.990	714.260
501-1.000	1.546.238	1.423.564	1.386.087	1.230.008	932.262	796.662
1.001-2.000	2.271.664	2.298.847	2.199.959	2.059.698	1.512.510	1.427.527
2.001-5.000	4.239.098	4.441.973	4.559.994	4.348.469	3.344.622	3.154.337
5.001-10.000	3.071.739	3.561.724	3.864.412	4.346.078	3.524.103	3.498.499
10.001-20.000	1.976.060	2.573.816	3.245.066	3.410.424	3.954.716	4.673.214
20.001-50.000	1.447.832	1.686.085	2.838.063	3.027.992	4.292.069	5.839.977
50.001-100.000	856.723	1.263.799	1.387.363	2.442.326	3.521.466	4.231.284
100.001-500.000	603.513	1.106.083	2.802.008	4.160.188	8.420.510	9.446.485
≥500.001	1.072.835	1.461.231	2.169.822	4.322.860	7.442.765	7.005.000
Total	18.616.630	21.388.554	26.028.870	30.572.561	37.742.561	40.847.641
≤ 2.000	5.348.830	5.293.843	5.162.142	4.514.224	3.242.310	2.998.845
>2.000 y ≤ 10.000	7.310.837	8.003.697	8.424.406	8.694.547	6.868.725	6.652.836
>10.000 y ≤ 50.000	3.423.892	4.259.901	6.083.129	6.438.416	8.246.785	10.513.191
>50.000 y ≤ 100.000	856.723	1.263.799	1.387.363	2.442.326	3.521.466	4.231.284
>100.000	1.676.348	2.567.314	4.971.830	8.483.048	15.863.275	16.451.485
Proporción         /       Año	1900	1920	1940	1960	1981	2001
Desaparecidos	4,4%	4,2%	3,5%	1,6%	0,0%	0,0%
1-100	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
101-500	3,8%	3,1%	2,5%	2,3%	2,0%	1,7%
501-1.000	8,3%	6,7%	5,3%	4,0%	2,5%	2,0%
1.001-2.000	12,2%	10,7%	8,5%	6,7%	4,0%	3,5%
2.001-5.000	22,8%	20,8%	17,5%	14,2%	8,9%	7,7%
5.001-10.000	16,5%	16,7%	14,8%	14,2%	9,3%	8,6%
10.001-20.000	10,6%	12,0%	12,5%	11,2%	10,5%	11,4%
20.001-50.000	7,8%	7,9%	10,9%	9,9%	11,4%	14,3%
50.001-100.000	4,6%	5,9%	5,3%	8,0%	9,3%	10,4%
100.001-500.000	3,2%	5,2%	10,8%	13,6%	22,3%	23,1%
≥500.001	5,8%	6,8%	8,3%	14,1%	19,7%	17,1%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
≤ 2.000	28,7%	24,8%	19,8%	14,8%	8,6%	7,3%
>2.000 y ≤ 10.000	39,3%	37,4%	32,4%	28,4%	18,2%	16,3%
>10.000 y ≤ 50.000	18,4%	19,9%	23,4%	21,1%	21,9%	25,7%
>50.000 y ≤ 100.000	4,6%	5,9%	5,3%	8,0%	9,3%	10,4%
>100.000	9,0%	12,0%	19,1%	27,7%	42,0%	40,3%

Tabla 1. Cifras de población total y proporción de población en España durante el siglo XX. (Fuente: INE)

Aunque la población en España se incrementó en un 119,41%, la ruralidad (la proporción de población que vive en municipios rurales, considerados los de menos de 2.000 habitantes) ha disminuido de casi el 30% a principios del siglo XX a poco más del 7% a principios del siglo XXI.

Mapa 3. Población por municipios en España en 1900 (Fuente: INE)

Mapa 4. Población por municipios en España en 2001 (Fuente: INE)

Más ilustrativo queda el mapa con las densidades de población a principios de siglo XX y a finales, teniendo en cuenta el citado incremento de la población:

Mapa 5. Densidad de población por municipios en España en 1900 (Fuente: INE)

Mapa 6. Densidad de población por municipios en España en 2001 (Fuente: INE)

Esta evolución de la población se traduce en el vaciado de la España interior hacia la periferia o las grandes ciudades del interior (Madrid, Valladolid, Zaragoza) y con un gradiente noroeste – sureste, que sigue las siguientes pautas:

Entre 1900 y 1930:

• no aparecen evoluciones decrecientes;
• con dinámica de crecimiento aparece mayoritariamente la mitad meridional, las provincias cantábricas (menos Lugo), Cataluña, las Canarias, La Rioja, Navarra, Madrid, buena parte de la submeseta norte, Pontevedra y Zaragoza;
• el resto de España, menos de la mitad del territorio, aparece en situación de estancamiento.

Entre 1930 y 1960:

• se registran pocas situaciones de evolución decreciente (Guadalajara, Soria y Teruel);
• otras siete provincias (Almería, Cuenca, Huesca, LLeida, Lugo, Ourense y Tarragona) aparecen en situación de estancamiento demográfico;
• la dinámica de crecimiento es claramente mayoritaria en la Península y aparece también en los dos archipiélagos.

Entre 1960 y 1981:

• se produce un gran cambio al registrarse por primera vez una situación neta de evolución decreciente en 21 provincias, mayoritariamente interiores;
• la situación de estancamiento afecta sólo a dos provincias del sur peninsular (Huelva y Granada);
• la dinámica de crecimiento es netamente periférica, destacando como ámbitos homogéneos más amplios Cataluña, el País Vasco y la fachada levantina mediterránea. También aparecen en este conjunto Madrid, Valladolid, Zaragoza y Logroño, así como los dos archipiélagos. Este aumento de población se traduce en aglomeraciones urbanas alrededor de las grandes ciudades

Entre 1981 - 2001:

• se produce una importante recuperación, aunque parcial, del crecimiento (24 provincias), dibujándose una amplia diagonal suroeste- noreste, trazada esencialmente por las provincias más meridionales y el conjunto del arco mediterráneo; se añade el crecimiento inducido por Madrid en Guadalajara y Toledo, parte de la cornisa cantábrica y los dos archipiélagos;
• sin embargo, las grandes ciudades (Madrid, Barcelona) muestran un ligero descenso de sus poblaciones a favor de sus periferias
• la evolución decreciente (13 provincias) se localiza en la mitad norte peninsular (la mayor parte de Castilla y León y Aragón), aunque de forma no continua, debido a las provincias en situación de estancamiento (12 provincias).

Las causas que explican estos movimientos migratorios son muy numerosas y variadas, pero cabe destacar las siguientes:

• a partir de los años 60 se da una fuerte industrialización en zonas como el centro de Asturias, el Gran Bilbao, Cataluña, que atrae a mucha población, en menor medida en Valencia o Sevilla, y a partir de los 70 se refuerza en zonas como la bahía de Cádiz, la ría de Vigo, Granada, Valladolid, Las Palmas o La Coruña
• la aparición del Estado de las Autonomías a partir de los años 80 ralentiza esta migración interior por la descentralización de los servicios en cada región, situación que se ve reforzada con la integración en el mercado común europeo, que facilita y mejora las comunicaciones y servicios, vertebrando un territorio, no inconexo antes, pero sí con dificultades para el transporte y la comunicación, y facilitando el desarrollo económico
• la expansión hacia el litoral, no solo hacia los núcleos urbanos e industriales previos, y su urbanización, que merced a la capacidad de transformación de un medio poco propicio para el asentamiento humano (que permite la construcción en grandes pendientes, abastecimiento de agua y energía, bonificación de terrenos insalubres pantanosos, encauzamiento de cursos fluviales torrenciales, regulación de avenidas y acciones de restauración para la protección hidrológica forestal) ponen a disposición de una población (natural o extranjera) con mayor poder adquisitivo viviendas o segundas residencias en terrenos antes no accesibles

El resultado resumido de esto es que al sur de una línea que iría desde el norte occidental de Andalucía hasta la provincia de Girona, así como en el litoral cantábrico, en el eje del Ebro desde Zaragoza a Vitoria y en las islas de Valladolid y Madrid, se concentra buena parte de la población de España, quedándose despobladas las zonas interiores y no próximas a las capitales de provincia de Castilla – La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Aragón, Navarra y Lérida, con las adiciones del interior de Castellón y Sierra Morena (norte de las provincias de Huelva, Córdoba, Sevilla). Las zonas interiores que presentan una relativa mayor densidad de población se concentran en las zonas agrícolas.

Además el medio rural presenta una tasa de envejecimiento y masculinidad muy importante, y en él se da el más importante despoblamiento (que se habrá acrecentado algo en la última década: los datos que se presentan son del año 2009):

Mapa 7. Índice de envejecimiento en el medio rural en España en 2007	Mapa 8. Tasa de masculinidad en el medio rural en España en 2007
Mapa 9. Población activa agraria en medio rural en España en 2007	Mapa 10. Evolución de población en municipios <5000 hab. y d<100 h/km2 entre 1997 y 2007 en España
Mapa 11. Evolución de población en municipios 5000 - 30000 hab. y d<100 h/km2 entre 1997 y 2007 en España	Mapa 12. Evolución de población en municipios <30000 hab. y d<100 h/km2 entre 1997 y 2007 en España

(Fuente: MAPAMA, Agrinfo nº 12, 2009)

Según el censo de 2015, la distribución de municipios en España por tamaño de población era la siguiente:

Tamaño	Nº municipios
<101	1.238
101 - 500	2.659
500 – 1.000	1.032
1.000 – 2.000	905
2.000 – 3.000	494
3.000 – 5.000	491
5.000 – 10.000	549
10.000 – 20.000	351
20.000 – 30.000	152
30.000 – 50.000	103
50.000 – 100.000	83
100.000 – 500.000	56
> 500.000	6
Total	8.119

Tabla 2. Distribución de municipios según tamaño de su población (Fuente: INE)

Las características fundamentales actuales del medio rural en España son[4]:

• La población rural muestra una evolución demográfica dual en la última década: pierden población los municipios pequeños (- 0,3 %), mientras que los de mayor tamaño la aumentan (13,3%). De manera agregada, el medio rural aumenta su población un 0,47%.
• La densidad de población media en el entorno rural es muy baja (18 hab/km² en municipios pequeños y 50 hab/km² en los mayores).
• Presenta una población envejecida (tasas de 32% en municipios pequeños y de 18% en los de mayor tamaño). Asturias y Galicia son las Comunidades más envejecidas y que pierden más población. Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha son las que tienen una densidad media inferior.
• La brecha digital entre zonas urbanas y rurales disminuye (teléfono móvil), aunque se mantiene e inclusive aumenta en otros capítulos como en el uso de conexiones ADSL.
• El nivel de actividad agrícola es mayor en municipios pequeños (27%) que en los de mayor tamaño (17%).

Además, el medio rural presenta un creciente despoblamiento, que se manifiesta en que el 59% de los municipios de España han perdido población entre 1999 y 2015 de los que el 42% tiene densidades por debajo de 10 hab/km².

Provincia	Nº total de municipios	Nº de municipios que perdieron población entre 1999 y 2015
		Nº total	%	Nº<10 h/km2	%
Álava	51	14	27%	11	22%
Albacete	87	63	72%	47	54%
Alicante	141	24	17%	9	6%
Almería	102	44	43%	28	27%
Ávila	248	222	90%	166	67%
Badajoz	165	131	79%	36	22%
Baleares	67	2	3%	1	1%
Barcelona	311	45	14%	47	15%
Burgos	371	293	79%	283	76%
Cáceres	222	183	82%	98	44%
Cádiz	44	14	32%	1	2%
Castellón	135	66	49%	49	36%
Ciudad Real	102	70	69%	42	41%
Córdoba	75	42	56%	15	20%
Coruña	93	62	67%	0	0%
Cuenca	238	209	88%	192	81%
Gerona	221	24	11%	25	11%
Granada	170	98	58%	20	12%
Guadalajara	288	197	68%	241	84%
Guipúzcoa	88	14	16%	2	2%
Huelva	79	44	56%	21	27%
Huesca	202	132	65%	142	70%
Jaén	97	69	71%	11	11%
León	211	185	88%	104	49%
Lérida	231	99	43%	101	44%
La Rioja	174	106	61%	87	50%
Lugo	67	60	90%	9	13%
Madrid	179	6	3%	20	11%
Málaga	101	39	39%	3	3%
Murcia	45	5	11%	1	2%
Navarra	272	131	48%	88	32%
Orense	92	83	90%	12	13%
Asturias	78	67	86%	18	23%
Palencia	191	178	93%	149	78%
Las Palmas	34	6	18%	1	3%
Pontevedra	62	30	48%	0	0%
Salamanca	362	312	86%	228	63%
Santa Cruz de Tenerife	54	16	30%	0	0%
Cantabria	102	48	47%	22	22%
Segovia	209	149	71%	137	66%
Sevilla	105	26	25%	7	7%
Soria	183	162	89%	167	91%
Tarragona	184	51	28%	28	15%
Teruel	236	183	78%	197	83%
Toledo	204	69	34%	44	22%
Valencia	266	71	27%	27	10%
Valladolid	225	175	78%	150	67%
Vizcaya	112	23	21%	0	0%
Zamora	248	234	94%	146	59%
Zaragoza	293	209	71%	176	60%
Ceuta	1	0	0%	0	0%
Melilla	1	0	0%	0	0%
Total	8.119	4.785	59%	3.409	42%

Tabla 3. Proporción de municipios, por provincia, que perdieron población entre 1999 y 2015. (Fuente: INE)

En España la Población Agraria Activa (PAA) apenas ha supuesto un 4,3% de la población activa total en la última década; sin embargo en el medio rural, ésta abarca aproximadamente un 27% (que disminuye al 17% si se consideran los municipios rurales de mayor tamaño). Existe además una cierta correlación entre baja densidad de población, altas tasas de envejecimiento y masculinidad y tasas de PAA superiores a la media. Adicionalmente, la tasa de inactividad de las mujeres en las zonas rurales es muy superior a la de los hombres

En 2013, en las zonas urbanas se daba la mayor productividad 52.689 €/persona, mientras que en las zonas rurales era 48.408€/persona. En 2013, el sector secundario tenía la mayor productividad, 74.825,80 €/persona. El sector terciario tenía una productividad de 50.390 €/persona, mientras que el sector primario presenta la productividad más baja, 32.496€/persona. La productividad laboral en la agricultura era de 24.969,4 €/UTA[5], mientras que en la selvicultura era de 39.733 €/UTA. El índice de pobreza y exclusión social en 2013 era, en las zonas rurales, del orden de 34,7%, un 11% superior al de zonas muy pobladas y un 7,4% superior a la media.

Por último, el paro en el sector agrario ha oscilado desde 2001 hasta principio de 2017 entre el 2,3% y 5,1% del total de paro nacional[6]; los peores momentos se vivieron desde enero de 2008 hasta enero de 2015, en el que comenzó a bajar paulatinamente, aunque en 2017 se está aún en niveles de desempleo del año 2012, propios de la peor parte de la crisis, en términos globales de la economía española[7], mientras que el resto de los grandes sectores productivos españoles están en niveles cercanos a los tiempos de inicio de la crisis.

Gráfico 3. Evolución del paro en España. 2001 – 2017. (Fuente: SEPE)

Gráfico 4. Evolución del paro por sectores de actividad. Periodo 2001 – 2017 (Fuente: SEPE)

Gráfico 5. Evolución del paro en la agricultura. 2001 – 2017. (Fuente: SEPE)

En resumen: la zona interior de España presenta un importante despoblamiento hacia las grandes ciudades, la periferia y los litorales, con poca dotación de servicios, con un índice de envejecimiento elevado, con menores productividades por persona, con una tasa de actividad agraria muy por encima de la media, especialmente en los municipios de más pequeño tamaño.

2       La evolución de la superficie forestal en España

En paralelo con esta situación demográfica, la situación del medio natural ha evolucionado hacia una recuperación de terrenos utilizados por la agricultura ligada a economías de hambre y baja productividad.

La evolución de la superficie forestal en España desde que comenzaron a elaborar las diferentes ediciones del Mapa Forestal de España (MFE) muestra que la superficie forestal de España se ha ampliado notablemente, tanto en la desarbolada como en la arbolada, debido a esa despoblación de las zonas rurales unido a la aparición de los combustibles fósiles que sustituyen a la leña como combustible principal, a la política de reforestación llevada a cabo en España entre los años 40 y 80 (especialmente entre los 60 y 70), y a la disminución, hasta su casi total desaparición, del ganado en los montes.

El Inventario Forestal Nacional (IFN), que obtiene sus superficies del MFE, proporciona estas cifras por CCAA en sus sucesivas vueltas:

Superficie en el IFN1 (1966 – 1974)
C.A.	Bosque no adehesado	Bosque adehesado (*IFN1)	Monte arbolado ralo y disperso	Total monte arbolado	Monte desarbolado	Total de uso forestal	Total de uso no forestal	Total provincial
Andalucía	1.249.023,00	572.890,00	-	1.821.913,00	2.509.271,00	4.331.184,00	4.395.616,00	8.726.800,00
Aragón	949.996,00	0,00	-	949.996,00	1.556.048,00	2.506.044,00	2.260.756,00	4.766.800,00
Canarias	97.153,00	0,00	-	97.153,00	354.648,00	451.801,00	302.299,00	754.100,00
Cantabria	173.416,00	0,00	-	173.416,00	169.703,00	343.119,00	185.781,00	528.900,00
Castilla - La Mancha	1.257.582,00	181.926,00	-	1.439.508,00	1.841.569,00	3.281.077,00	4.641.523,00	7.922.600,00
Castilla y León	1.635.646,00	250.014,00	-	1.885.660,00	2.336.085,00	4.221.745,00	5.192.855,00	9.414.600,00
Cataluña	1.164.200,00	0,00	-	1.164.200,00	683.533,00	1.847.733,00	1.345.267,00	3.193.000,00
Comunidad de Madrid	135.224,00	21.947,00	-	157.171,00	237.286,00	394.457,00	405.043,00	799.500,00
Comunidad Foral de Navarra	303.829,00	0,00	-	303.829,00	253.745,00	557.574,00	482.526,00	1.040.100,00
Comunidad Valenciana	405.094,00	2.974,00	-	408.068,00	706.449,00	1.114.517,00	1.215.983,00	2.330.500,00
Extremadura	636.289,00	590.156,00	-	1.226.445,00	1.235.419,00	2.461.864,00	1.698.336,00	4.160.200,00
Galicia	1.129.361,00	0,00	-	1.129.361,00	855.670,00	1.985.031,00	958.269,00	2.943.300,00
Illes Balears	107.371,00	0,00	-	107.371,00	69.219,00	176.590,00	324.810,00	501.400,00
País Vasco	92.590,00	0,00	-	353.120,00	129.715,00	482.835,00	242.565,00	725.400,00
Principado de Asturias	363.311,00	0,00	-	363.311,00	296.987,00	660.298,00	396.202,00	1.056.500,00
Región de Murcia	118.486,00	0,00	-	118.486,00	420.750,00	539.236,00	592.464,00	1.131.700,00
Total España	10.171.691,00	1.619.907,00	-	11.791.598,00	13.830.665,00	25.622.263,00	24.876.537,00	50.498.800,00

Tabla 4. Clasificación y distribución de superficies en el IFN1 (Fuente: MAPAMA)

Gráfico 6. Distribución de superficies según IFN1. España (Fuente: IFN)

Superficie en el IFN2 (1987 – 1996)
Provincia	Bosque no adehesado	Bosque adehesado (*IFN1)	Monte arbolado ralo y disperso	Total monte arbolado	Monte desarbolado	Total de uso forestal	Total de uso no forestal	Total provincial
Andalucía	1.451.534,77	681.378,13	278.719,12	2.411.632,02	1.913.747,12	4.325.379,14	4.434.588,96	8.759.968,10
Aragón	992.787,86	0,00	192.743,50	1.185.531,36	1.293.229,47	2.478.760,83	2.293.266,05	4.772.026,88
Canarias	95.488,92	0,00	9.425,48	104.914,40	381.066,18	485.980,58	258.714,03	744.694,61
Cantabria	156.530,00	0,00	9.013,00	165.543,00	157.732,00	323.275,00	208.864,00	532.139,00
Castilla - La Mancha	1.124.194,80	254.525,95	472.500,59	1.851.221,34	1.622.315,35	3.473.536,69	4.472.648,30	7.946.184,99
Castilla y León	1.474.660,25	273.778,00	370.702,01	2.119.140,26	2.397.246,61	4.516.386,87	4.906.016,30	9.422.403,17
Cataluña	1.265.201,00	0,00	128.872,00	1.394.073,00	461.871,00	1.855.944,00	1.355.381,47	3.211.325,47
Comunidad de Madrid	138.231,56	26.647,57	30.586,14	195.465,27	197.503,00	392.968,27	409.824,11	802.792,38
Comunidad Foral de Navarra	343.902,00	0,00	28.565,00	372.467,00	156.695,00	529.162,00	509.910,02	1.039.072,02
Comunidad Valenciana	493.176,08	0,00	135.102,64	628.278,72	586.797,55	1.215.076,27	1.110.431,90	2.325.508,17
Extremadura	293.656,17	1.041.688,49	122.246,31	1.457.590,97	820.996,50	2.278.587,47	1.884.869,70	4.163.457,17
Galicia	886.536,00	0,00	158.840,00	1.045.376,00	922.935,00	1.968.311,00	989.197,83	2.957.508,83
Illes Balears	122.475,00	0,00	0,00	122.475,00	81.427,00	203.902,00	295.266,00	499.168,00
País Vasco	359.546,63	0,00	30.458,30	390.004,93	79.349,74	469.354,67	254.127,24	723.481,91
Principado de Asturias	325.701,00	0,00	42.428,00	368.129,00	299.123,00	667.252,00	393.105,00	1.060.357,00
Región de Murcia	189.114,00	0,00	80.164,00	269.278,00	236.503,00	505.781,00	625.616,61	1.131.397,61
Total España	9.831.542,04	2.278.018,14	2.100.477,09	14.210.037,27	11.774.024,52	25.984.061,79	24.611.950,52	50.596.012,31

Tabla 5. Clasificación y distribución de superficies en el IFN2 (Fuente: MAPAMA)

Gráfico 7. Distribución de superficies según IFN2. España (Fuente: IFN)

 

Superficie en el IFN3 (1998 – 2004)
Provincia	Bosque no adehesado	Bosque adehesado (*IFN1)	Monte arbolado ralo y disperso	Total monte arbolado	Monte desarbolado	Total de uso forestal	Total de uso no forestal	Total provincial
Andalucía	2.046.436,71	665.245,30	257.397,41	2.969.079,42	1.422.720,13	4.391.799,55	4.367.790,57	8.759.590,12
Aragón	1.458.276,84	0,00	119.714,10	1.577.990,94	1.030.321,35	2.608.312,29	2.163.683,44	4.771.995,73
Canarias	122.102,00	0,00	11.989,00	134.091,00	429.554,00	563.645,00	181.050,43	744.695,43
Cantabria	209.611,00	0,00	4.646,00	214.257,00	145.202,00	359.459,00	172.680,00	532.139,00
Castilla - La Mancha	2.238.000,40	266.803,22	234.794,02	2.739.597,64	825.181,65	3.564.779,29	4.378.492,78	7.943.272,07
Castilla y León	2.435.329,25	396.881,05	150.106,44	2.982.316,74	1.825.414,47	4.807.731,21	4.614.811,65	9.422.542,86
Cataluña	1.541.244,00	0,00	84.968,00	1.626.212,00	304.270,00	1.930.482,00	1.280.886,00	3.211.368,00
Comunidad de Madrid	225.402,37	19.466,44	25.217,45	270.086,26	150.007,08	420.093,34	382.675,66	802.769,00
Comunidad Foral de Navarra	445.670,00	0,00	16.994,00	462.664,00	123.849,00	586.513,00	452.556,00	1.039.069,00
Comunidad Valenciana	680.069,00	0,00	74.390,00	754.459,00	500.879,00	1.255.338,00	1.070.114,26	2.325.452,26
Extremadura	783.838,49	1.035.976,37	101.435,54	1.921.250,40	805.982,10	2.727.232,50	1.436.220,50	4.163.453,00
Galicia	1.299.621,00	0,00	105.831,00	1.405.452,00	634.123,00	2.039.575,00	917.872,00	2.957.447,00
Illes Balears	170.967,00	0,00	15.410,00	186.377,00	37.224,00	223.601,00	275.565,00	499.166,00
País Vasco	395.268,00	0,00	2.562,50	397.830,50	97.224,00	495.054,50	228.409,05	723.463,55
Principado de Asturias	434.903,00	0,00	16.213,00	451.116,00	313.481,00	764.597,00	295.760,00	1.060.357,00
Región de Murcia	289.435,00	0,00	26.857,00	316.292,00	169.727,00	486.019,00	645.241,00	1.131.260,00
Total España	14.939.380,06	2.384.372,38	1.254.871,46	18.578.623,90	8.947.083,78	27.525.707,68	23.066.859,34	50.592.567,02

Tabla 6. Clasificación y distribución de superficies en el IFN3 (Fuente: MAPAMA)

Gráfico 8. Distribución de superficies según IFN3. España (Fuente: IFN)

La última actualización del MFE, (a fecha de mayo de 2017), proporciona estas cifras de superficies forestales:

C.A.	Monte arbolado	Monte con arbolado disperso	Monte con arbolado ralo	Monte desarbolado	Total de uso forestal	Total de uso no forestal	Total provincial
Andalucía	2.498.767,67	66.625,68	487.098,82	1.339.135,10	4.391.627,28	4.368.880,20	8.760.507,48
Aragón	1.371.465,27	20.164,09	184.353,92	1.037.433,68	2.613.416,96	2.159.648,87	4.773.065,83
Canarias	126.962,72	549,86	10.016,98	420.952,34	558.481,90	186.054,11	744.536,01
Cantabria	208.639,23	333,59	5.820,59	146.942,84	361.736,26	169.106,49	530.842,74
Castilla - La Mancha	2.296.586,26	51.467,55	463.072,37	823.813,42	3.634.939,61	4.306.131,33	7.941.070,94
Castilla y León	2.684.478,42	31.637,06	363.949,87	1.780.792,80	4.860.858,14	4.561.750,36	9.422.608,50
Cataluña	1.526.366,92	88.286,53	60.985,16	323.523,75	1.999.162,35	1.221.349,77	3.220.512,12
Comunidad de Madrid	227.205,82	8.564,52	39.858,92	159.208,99	434.838,25	367.721,73	802.559,98
Comunidad Foral de Navarra	411.287,29	3.346,79	24.966,17	155.649,93	595.250,18	443.319,38	1.038.569,56
Comunidad Valenciana	664.642,62	9.908,33	152.598,69	433.390,21	1.260.539,86	1.065.645,55	2.326.185,40
Extremadura	1.661.378,36	26.715,76	253.887,47	784.974,12	2.726.955,72	1.440.963,91	4.167.919,63
Galicia	1.375.198,33	771,73	64.282,64	591.645,01	2.031.897,70	935.957,56	2.967.855,26
Islas Baleares	179.110,19	2.488,01	7.585,87	29.528,26	218.712,33	282.932,06	501.644,39
La Rioja	158.668,19	242,02	19.752,85	131.558,39	310.221,45	193.932,29	504.153,74
País Vasco	396.941,06	1.708,08	8,83	92.792,08	491.450,05	231.236,64	722.686,68
Principado de Asturias	450.284,01	199,15	11.047,85	307.757,88	769.288,89	291.934,11	1.061.223,00
Región de Murcia	276.513,40	6.199,94	34.256,67	195.364,17	512.334,18	618.907,76	1.131.241,95
Total general	16.514.495,75	319.208,70	2.183.543,67	8.754.462,96	27.771.711,09	22.845.472,13	50.617.183,23

Gráfico 9. Distribución de superficies según MFE mayo 2017. España (Fuente: IFN)

Y la variación entre los cuatro inventarios es la siguiente:

Superficie (miles de ha)
IFN	Bosque no adehesado	Bosque adehesado (*IFN1)	Monte arbolado ralo y disperso	Monte arbolado	Monte desarbolado	Total de uso forestal	Total de uso no forestal	Total provincial
IFN1	0,00	1.619,91	0,00	11.791,60	13.830,67	25.622,26	24.876,54	50.498,80
IFN2	9.831,54	2.278,02	2.100,48	14.210,04	11.774,02	25.984,06	24.611,95	50.596,01
IFN3	14.939,38	2.384,37	1.254,87	18.578,62	8.947,08	27.525,71	23.066,86	50.592,57
IFN4[8]	14.473,32	2.528,55	2.015,38	19.017,25	8.754,46	27.771,71	22.845,47	50.617,18

Gráfico 10. Variación de la superficie arbolada y desarbolada entre inventarios (Fuente: IFN)

Gráfico 11. Variación de superficie forestal entre inventarios (Fuente: IFN)

En los siguientes mapas se puede ver gráficamente la evolución de suelo forestal arbolado, no arbolado y no forestal:

Mapa 13. Suelo forestal arbolado, desarbolado y suelo no forestal según el MFE de Ceballos (1956 - 1966)                     (Fuente: Banco de Datos de la Naturaleza, MAPAMA)

Mapa 14. Suelo forestal arbolado, desarbolado y suelo no forestal según el MFE 1986 – 1997                              (Fuente: Banco de Datos de la Naturaleza, MAPAMA)

Mapa 15. Suelo forestal arbolado, desarbolado y suelo no forestal según el MFE versión mayo 2017                                   (Fuente: Banco de Datos de la Naturaleza, MAPAMA)

Se deben interpretar las anteriores cifras con la debida prudencia en la comparación entre los resultados de las diferentes vueltas del Inventario Forestal Nacional, ya que las cartografías se han elaborado en cada caso con su propia metodologías, y, por tanto, con diferentes criterios y distintos soportes cartográficos; en este caso, cuando se comparan el mapa forestal de España a escala 1:50.000 (MFE50) que da soporte al IFN3 contra el Mapa Forestal de España a escala 1:25.000 (MFE25) que es el que da soporte al IFN4, hay que tener en cuenta las diferencias metodológicas existentes entre ambos mapas forestales.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que existen importantes diferencias de escala entre ambos mapas: el MFE50 se hizo sobre ortofotografías pancromáticas a escala media de 1:20.000, mientras que el MFE25 se hizo sobre ortografía aérea de alta resolución (de 25 a 50 cm de píxel) que mejora la identificación de formaciones y usos del suelo; además, el MFE50 presenta un tamaño mínimo de teselas arboladas de 2,5 hectáreas (como media), y la desarbolada 6,25 ha, frente al MFE25 en el que la tesela mínima arbolada y desarbolada tiene un tamaño mínimo de 1 ha. Estas distintas escalas y metodologías diferencia teselas en el nuevo MFE25 desagregando teselas que en el MFE50 aparecen como una sola, diferenciando en ellas (en su caso) terrenos arbolados, desarbolados y no forestales. Adicionalmente a lo anterior, está el nuevo criterio para la consideración de terreno forestal arbolado, ya que en el IFN4, de acuerdo con las definiciones consensuadas por la FAO, éste pasa a considerarse así cuando la fracción de cabida cubierta del arbolado (FCC) es igual o mayor que el 10%; esto supone que lo que en el IFN3 (y en el IFN4) es monte desarbolado (con FCC < 5%) ahora en el IFN4 se le añade el arbolado disperso (FCC < 10%), mientras que esta superficie en el IFN3 se incluye en el monte arbolado. No obstante, tal y como se ha presentado en los cuadros anteriores, aparece desglosado conforme a la definición adoptada desde el IFN2.

Estas diferencias de escala y de cambio de criterio sobre el monte arbolado o bosque explican el escaso incremento de la superficie forestal arbolada en unas 44 mil hectáreas y una disminución ligera de la superficie forestal desarbolada (cercano a las 200 mil hectáreas), comparado con el descenso continuado que había venido mostrando en los tres primeros inventarios forestales.

A pesar de este descenso de crecimiento, España es el tercer país del mundo tras China y EEUU en el que más aumentó la superficie forestal durante la primera década del siglo XXI, según datos compilados por la FAO, cuando el balance mundial en este periodo 2000-2010 resulta negativo.

3       Los incendios forestales en España: tipología, evolución, localización

Los datos de incendios forestales en España desde 1961 se presentan a continuación[9]:

Año	Nº de siniestros				Superficie quemada (ha)				Superficie quemada GIF/Total (%)
	Conatos	Incendios	Total	GIF	Arbolado	No Arbolado	Total	GIF
1961			1.680		34.056,00	12.195,00	46.251,00
1962			2.022		23.911,00	31.571,00	55.482,00
1963			1.302		13.279,00	9.400,00	22.679,00
1964			1.645		17.671,00	13.727,00	31.398,00
1965			1.686		21.777,00	16.241,00	38.018,00
1966			1.441		24.644,00	24.710,00	49.354,00
1967			2.299		33.930,00	42.645,00	76.575,00
1968			2.038		20.015,00	35.687,00	55.702,00
1969			1.442		18.860,20	34.311,40	53.171,60
1970			3.155	30	34.136,30	53.302,20	87.438,50	32.465,30	37,13%
1971			1.665	8	12.786,90	21.525,50	34.312,40	7.138,00	20,80%
1972			2.093	17	17.370,00	38.549,30	55.919,30	15.303,00	27,37%
1973			3.724	20	40.496,10	54.576,40	95.072,50	25.341,90	26,66%
1974			3.920	45	58.038,70	81.888,80	139.927,50	47.718,00	34,10%
1975			4.128	57	107.723,60	72.413,30	180.136,90	87.535,00	48,59%
1976			4.356	37	54.420,90	67.093,20	121.514,10	34.450,00	28,35%
1977			2.064	19	27.899,40	40.971,50	68.870,90	26.717,50	38,79%
1978			8.193	153	152.962,90	271.995,00	424.957,90	182.614,80	42,97%
1979			6.189	66	75.493,30	122.161,75	197.655,05	58.497,20	29,60%
1980			7.075	76	91.410,90	170.103,90	261.514,80	103.550,00	39,60%
1981			10.688	74	135.539,60	155.877,50	291.417,10	90.711,00	31,13%
1982			6.308	40	62.558,20	86.518,90	149.077,10	47.821,70	32,08%
1983			4.736	27	50.672,00	56.879,00	107.551,00	42.239,30	39,27%
1984			7.073	51	53.962,50	110.203,60	164.166,10	53.410,70	32,53%
1985			12.235	159	176.265,20	308.210,00	484.475,20	198.994,80	41,07%
1986			7.514	103	113.852,00	150.935,40	264.787,40	135.756,00	51,27%
1987			8.816	35	49.354,70	97.985,70	147.340,40	36.562,90	24,82%
1988			9.440	37	39.262,60	98.010,00	137.272,60	35.205,00	25,65%
1989			20.250	96	163.170,90	243.951,20	407.122,10	93.592,60	22,99%
1990			12.914	56	73.198,10	130.443,30	203.641,40	66.183,80	32,50%
1991	6.079	7.451	13.529	80	116.895,60	143.407,40	260.303,00	138.928,10	53,37%
1992	8.619	7.336	15.956	19	40.438,10	64.839,60	105.277,70	30.918,60	29,37%
1993	9.269	4.984	14.253	25	33.420,90	55.910,20	89.331,10	43.532,30	48,73%
1994	10.970	8.293	19.249	93	250.421,80	187.180,70	437.602,50	335.359,20	76,64%
1995	15.590	10.238	25.557	26	42.131,23	98.950,94	141.082,17	31.699,80	22,47%
1996	10.918	5.853	16.586	10	10.274,54	48.644,73	58.919,27	6.962,00	11,82%
1997	14.136	8.183	22.320	7	21.326,23	77.176,94	98.503,17	5.309,40	5,39%
1998	14.317	8.128	22.003	27	42.705,24	90.187,10	132.892,34	41.761,62	31,43%
1999	11.650	6.587	17.943	16	23.934,15	57.746,52	81.680,67	17.399,05	21,30%
2000	14.547	9.571	23.574	49	45.900,41	141.666,65	187.567,06	63.634,69	33,93%
2001	12.455	7.092	19.547	16	19.363,35	73.934,19	93.297,54	20.325,20	21,79%
2002	12.110	7.819	19.929	18	25.196,91	82.267,14	107.464,05	16.993,35	15,81%
2003	11.982	6.634	18.616	43	53.673,03	94.499,44	148.172,47	76.796,21	51,83%
2004	13.750	7.646	21.396	20	51.732,17	82.460,47	134.192,64	56.725,80	42,27%
2005	16.475	9.017	25.492	48	69.396,79	119.300,70	188.697,49	84.605,76	44,84%
2006	10.741	5.593	16.334	58	71.064,87	84.279,96	155.344,83	72.119,08	46,43%
2007	7.523	3.413	10.936	16	29.408,86	56.713,17	86.122,03	52.233,72	60,65%
2008	7.300	4.355	11.655	6	8.443,49	41.878,60	50.322,09	5.499,74	10,93%
2009	9.866	5.777	15.643	35	40.402,48	79.691,73	120.094,21	56.266,49	46,85%
2010	7.812	3.910	11.722	11	10.184,91	44.584,97	54.769,88	12.538,79	22,89%
2011	10.815	5.599	16.414	24	18.847,52	83.313,81	102.161,33	26.034,47	25,48%
2012	10.438	5.540	15.978	41	81.832,07	135.061,66	216.893,73	135.580,04	62,51%
2013	7.708	3.089	10.797	17	17.704,26	43.986,35	61.690,61	19.690,12	31,92%
2014	6.610	3.196	9.806	7	8.283,80	40.434,03	48.717,83	9.805,83	20,13%
2015	7.755	4.173	11.928	15	33.494,55	69.705,41	103.199,96	39.474,91	38,25%
2016	6.479	2.338	8.817	22	23.173,92	65.816,69	88.990,61	32.533,99	36,56%

Tabla 7. Serie histórica de número de siniestros y superficie quemada en España. 1960 – 2016 (Fuente: MAPAMA)

Gráficamente se ve a continuación:

Gráfico 12. Evolución del nº de siniestros en España 1961 – 2016 (Fuente MAPAMA)

Gráfico 13. Evolución del número de siniestros en España y relación con los GIF 1961 – 2016. (Fuente MAPAMA)

Gráfico 14. Evolución de la superficie forestal quemada anualmente en incendios forestales en España 1961 – 2016                      (Fuente: MAPAMA)

Gráfico 15. Evolución de la superficie quemada anualmente en España y su relación con la superficie quemada en GIF 1970 – 2016. (Fuente: MAPAMA)

En cuanto a la localización, se distinguen cuatro zonas en España: la cornisa cantábrica, con numerosos incendios de pequeña magnitud, en general, provocados por quema de pastos e intencionados para quemar arbolado; la región mediterránea, las regiones interiores y las canarias.

Mapa 16. Localización de incendios. Década 1991 - 2000. (Fuente MAGRAMA)

Mapa 17. Localización de incendios en la década 2001 - 2010 (Fuente; MAGRAMA)

Mapa 18. Localización de la superficie quemada por término municipal en la década 2001 - 2010 (Fuente: MAGRAMA)

Mapa 19. Localización de los grandes incendios en la década 2001 - 2010 (Fuente MAGRAMA)

Gráfico 16. Evolución de medios aéreos y potencial de extinción (Estado y CCAA) (Fuente: MAGRAMA)

EL presupuesto en los últimos años en materia de defensa contra incendios del Ministerio ha sido la siguiente:

Gráfico 17. Evolución del presupuesto en defensa contra incendios forestales del Ministerio de Agricultura y Peca, Alimentación y Medio Ambiente 2001 – 2014 (Fuente: MAPAMA)

Tras el máximo histórico de mediados de los años 80 y 90, parece que hay un paulatino descenso en la superficie quemada, aunque estabilizándose en los últimos años, gracias a la fuerte inversión en extinción que se viene realizando desde mediados de los años 90. Sin embargo el número de siniestros aumenta a partir de la primera década de los años 2000, disminuyendo aparentemente a partir de la segunda década del siglo XXI. La tendencia en el número de Grandes Incendios Forestales (GIF) parece acompasarse a la del número total de siniestros, y sin embargo, la superficie forestal que se quema en los GIF no presenta una tendencia a la baja.

Los medios de extinción se fueron incrementando con la evolución creciente del número de incendios y superficie quemada, y gracias a este aumento de efectivos así como a la profesionalización de la extinción y la mejora de las técnicas de detección y la de los propios medios, se ha ido moderando el número de siniestros y de superficie afectada, con una tendencia a la estabilización en unos y otra. El presupuesto de extinción y prevención, aunque fluctuante (y más en los años de la crisis) se ha ido incrementando paulatinamente, tanto por las CC.AA. como por la Administración General del Estado, estabilizándose en los últimos años.

4       Potencialidad de empleo forestal en España

Uno de los mayores impedimentos para el desarrollo rural es el despoblamiento, unido al envejecimiento, que vienen ligados a la falta de oportunidades de trabajo atractivo y adecuadamente remunerado que sirva para la fijación de la población, y a la ausencia de infraestructuras (asistenciales, sanitarias, de comunicación, etc.) que proporcionen una buena calidad de vida.

El empleo ligado a la actividad forestal, además de contribuir a la bioeconomía, favorecerá la fijación de la población al medio rural, en sentido amplio, porque la desaparición de numerosos pueblos que ahora están por debajo de los 100 habitantes es algo prácticamente inevitable.

¿Qué cantidad de empleo se puede generar en el medio forestal según el grado de inversión? Las cifras se pueden sacar de diversas fuentes y experiencias. Por ejemplo, de las inversiones realizadas con motivo de las Actuaciones realizadas al amparo del Real Decreto 9/2008 de creación de un Fondo Especial del Estado para la dinamización de la Economía y el empleo, el conocido como PlanE.

Fue un conjunto de más de un centenar de medidas de política económica planteadas por el Gobierno de España presidido por José Luis Rodríguez Zapatero en noviembre de 2008 y desarrolladas a lo largo de aquella legislatura. Su objetivo fue el de impulsar la actividad económica del país, movilizando grandes cantidades de dinero público, para hacer frente a la crisis económica originada tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y financiera global en 2007. La primera parte del plan E inyectó 7.836 millones de euros, y la segunda hasta 5.000 millones más. Los más de 30.000 proyectos del fondo inyectaron una gran cantidad de dinero sobre todo a los ayuntamientos, y permitieron ocupar a más de 410.000 personas, aunque con contratos de muy corta duración y en proyectos con poco valor añadido, ya que la premura con que se puso en marcha, obligó a los ayuntamientos a planear inversiones con poco más de un mes de plazo y muy poca visión estratégica, con poco o ningún sentido de inversión en creación o mejora de condiciones productivas, sino más bien coyuntural.

No obstante, en el medio forestal sí pudo considerarse que en lo que se intervino fue en una mejora de las condiciones de los sistemas forestales que redundó en una mejora de las condiciones productivas de los montes en un plazo medio.

Diversas empresas públicas, como instrumento de la Administración, canalizaron de una manera muy dinámica buena parte de las inversiones del Plan E en el medio rural forestal. Como el volumen de trabajo que realizaron fue muy importante, de las cifras globales de aquellas labores se pueden sacar los siguientes indicadores:

Tipología de la actuación	Empleo directo equivalente por cada millón de euros invertido
Infraestructura viaria	11,68
Edificación	14,00
Protección y restauración del medio natural	14,63
Otras infraestructuras	19,09
Repoblaciones forestales	19,66
Tratamientos selvícolas	23,40
Defensa contra incendios	33,92

El empleo equivalente se calcula en UTA (Unidades de Trabajo Anual) equivalente a 228 jornadas anuales de trabajo ó 1.824 horas de trabajo anuales ó más. Las cifras que se presentan se refieren a empleos directos en la actuación, sin contar empleos relacionados con la gestión del personal o de la actuación, ni con empleos relacionados con suministros o consumos adicionales. En el caso de la defensa contra incendios se trata de actuaciones con fuerte carga manual en la creación y conservación de las infraestructuras de defensa.

Para contrastar estas cifras, se han comparado con otras fuentes diferentes. En primer lugar, con las de una importante empresa de obra y servicio forestal de la Región de Murcia, a partir de actuaciones en el periodo inmediatamente anterior al año 2009 (se refiere al periodo 2005 – 2008, ambos años incluidos), y el resultado de dichos datos es el siguiente:

Tipología de la actuación	Empleo directo equivalente por cada millón de euros invertido
Infraestructura viaria	11,37
Repoblaciones forestales	17,92
Tratamientos selvícolas	31,87

Si se comparan las cifras de los anteriores cuadros, se puede ver que las actuaciones del Plan E con respecto a las de Murcia conllevaron algo más de mano de obra en infraestructura viaria forestal y repoblaciones forestales, y bastante menos en tratamientos selvícolas, por cada millón de euros de inversión realizada. No obstante, pueden considerarse las cifras de ambas tablas del mismo orden de magnitud. Llama especialmente la atención que en infraestructuras viarias pueden generarse del orden de entre la tercera parte a la mitad de empleos que en tratamientos selvícolas por cada millón de euros invertido.

Si se agrupan los datos de las actuaciones realizadas durante el Plan E, según trabajos forestales diversos (protección y restauración del medio forestal, tratamientos selvícolas, defensa contra incendios y repoblaciones forestales) por un lado, e infraestructuras (edificación, infraestructuras viarias y otras), por otro, el resultado queda así:

Tipología de la actuación	Empleo directo equivalente por cada millón de euros invertido
Trabajos forestales	18,93
Infraestructuras	14,64

En definitiva, que por cada millón de euros invertido en el medio forestal, pueden crearse, según la tipología de los trabajos, entre 15 y 30 empleos equivalentes (entre 3.420 y 6.840 jornales) en trabajos típicamente forestales (tratamientos selvícolas, repoblaciones, mantenimiento de cortafuegos y áreas cortafuegos, etc.).

Háganse las siguientes hipótesis:

• que una hectárea de tratamientos selvícolas puede costar alrededor de 1.700,00 € a 2.300,00 €, como media
• que una selvicultura tradicional aconseja, al menos, el tratamiento anual del 1,5% al 2,5% de la superficie arbolada accesible

Si se considera que de los cerca de catorce millones y medio de hectáreas arboladas densas que proporciona el Mapa Forestal de España (mayo de 2017), al menos el 50% puede ser accesible para realizar trabajos forestales (descontando pequeñas propiedades privadas, zonas en fuertes pendientes, zonas con restricciones de carácter legal, etc.), esto dejaría unos 7,5 millones de hectáreas. Y el 2% de esta superficie serían unas 150.000 hectáreas a tratar anualmente[10]. Si se hicieran tratamientos selvícolas a razón de 2.000,00 €/ha, cifra que puede considerarse modesta, esto supondría una inversión anual de casi 300 millones de euros, lo que se traduciría entre 4.500 y 9.000 puestos de trabajos equivalentes (entre 1.026.000 y 2.052.000 jornales).

También puede verse de otra manera: una hectárea de tratamientos selvícolas intermedios exigiría entre 8 y 15 jornales por cada hectárea tratada, lo que proporcionaría del orden de entre 5.200 y 9.800 puestos de trabajo equivalentes (entre 1.185.600 y 2.234.400 jornales), si se trabajara sobre la superficie anual considerada.

En el caso de la selvicultura preventiva, si se considera la hipótesis de que una densidad media de estructuras de defensa contra incendios a mantener o crear puede ser del orden de 0,75 ha de infraestructura de defensa contra incendios por cada 100 hectáreas forestales y que deben mantenerse cada 4 ó 5 años, esto supone, al año una intervención sobre más de 50.000 ha de infraestructuras de defensa contra incendios en todo España. Si se considera un coste modesto de mantenimiento de estas infraestructuras de unos 250 €/ha, por conservación mecanizada de las mismas, la inversión anual rondaría los 12.500.000,00 €, lo que se traduciría en unos 125 empleos equivalentes anuales, unos 28.500 jornales al año. En el caso de que los cortafuegos fuesen manuales, la inversión anual se dispararía hasta los 3.000,00 a 3.500,00 €/ha, y eso supondría de 5.100 a 5.950 empleos equivalentes al año, aproximadamente (entre 1.162.800 y 1.356.600 jornales).

En el año 2013 se repoblaron en España (datos del Anuario de Estadística Agraria) más de 13.500 ha, sobre todo en Castilla y León (casi la mitad), Extremadura, País Vasco, Principado de Asturias y Andalucía. En 2012 fueron 15.300 ha; en 2011, 21.400 ha; y en 2010, 20.500 ha. Si se mantiene esta cifra de 13.500 ha de repoblación anual, y suponiendo un coste de repoblación (preparación del terreno, actuaciones sobre la vegetación preexistente, plantación y cuidados posteriores) de alrededor de 4.250,00 €/ha, esto supone una inversión anual de 57.375.000€, lo que se puede traducir entre 1.030 y 1.130 empleos equivalentes (de 235.000 a 258.000 jornales anuales)

Y todo lo anterior sin contar otros trabajos forestales de restauración del medio natural u otros, que se concentrarían preferentemente en los casi 9 millones de hectáreas forestales desarboladas que ofrece la última actualización del MFE; y sin tener en cuenta en este cómputo, tampoco, los empleos indirectos.

Esta oferta de empleo supondría potencialmente unas cifras de 5.625 a 16.080 empleos equivalentes anuales (de 1.282.500 a 3.666.240 jornales anuales).

Por cierto, que buena parte de las inversiones en tratamientos selvícolas producirían un retorno económico a partir de la enajenación de los productos maderables, leñosos o de la biomasa de los tratamientos.

Además, disminuirían las listas de trabajadores parados (la principal preocupación de los españoles, que nunca ha bajado del 68% en los barómetros del C.I.S. que miden el estado de la opinión pública en España, desde mayo de 1985), con el beneficio para la economía de las zonas en las que se daría ese trabajo forestal, las zonas rurales, tradicionalmente ajenas a las grandes entradas de dinero. La creación de los puestos de trabajo equivalentes forestales así estimada supondría una reducción permanente de un 4% a un 11% sobre el paro agrario, beneficio que pondría también la disminución de la presión deficitaria sobre las arcas públicas españolas (que dejarían de pagar el subsidio por desempleo), además de que se incrementaría el número de personas a cotizar a la Seguridad Social[11], y, en la parte ambiental, se disminuiría el riesgo estructural de incendio forestal, se mejorarían las condiciones de vegetación de las masas forestales y su capacidad para soportar episodios adversos climáticos y potenciales ataques de plagas, y se mejoraría la estructura forestal beneficiándose de ello la fauna, produciéndose el desarrollo de determinados hábitats y mejorando su estado de conservación, incrementándose la capacidad de absorción de CO₂ atmosférico en plazos medios y largos, y generándose productos forestales que potenciarían la actividad económica de un sector industrial forestal cada vez más debilitado.

5       Las medidas administrativas contempladas para el desarrollo rural

La LDSMR contempla, para las zonas rurales a revitalizar (aquellas con escasa densidad de población, elevada significación de la actividad agraria, bajos niveles de renta y un importante aislamiento geográfico o dificultades de vertebración territorial), diferentes actuaciones:

• Diversificación de la actividad económica, manteniendo la población y creando empleo para evitar la pérdida de población rural.
• Aumentar la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales mediante la dotación de infraestructuras y equipamientos públicos básicos y la mejora de la prestación de servicios públicos.
• Mejorar la calidad ambiental en el medio rural para conservar y recuperar su patrimonio natural y cultural

Más recientemente, el Programa Nacional de Desarrollo Rural de España[12] y los Planes de Desarrollo Rural (PDR) de las CCAA (establecidos a partir del Reglamento UE nº1305/2013 de ayuda al desarrollo rural), detectan (en el caso nacional) 15 tipos de necesidades del medio rural para fomentar su desarrollo y establecen (nuevamente en el caso nacional) 7 líneas de medidas para dar respuesta a dichas necesidades con el fin de fomentar el desarrollo rural; en el caso de las CCAA, sus respectivos PDR establecen sus necesidades y las medidas aplicables en función de las mismas conforme a las características propias de sus medios rurales respectivos. Entre esas medidas cabe destacar, en el ámbito forestal y entre otras, la reforestación y creación de superficies forestales; la reparación de daños causados a los bosques por incendios desastres naturales y catástrofes; los costes de elaboración, revisión y seguimiento de instrumentos de gestión forestal sostenible; las operaciones culturales o tratamientos selvícolas que, entre otras acciones, comprendan rozas, desbroces, podas, clareos, claras, etc., que suponen una mejora de la estructura de las masas forestales; la mejora y conservación de ecosistemas forestales mediante pequeñas acciones particularizadas para cada uno de ellos como pueden ser la protección de zonas al uso público, la ayuda a la regeneración natural, etc.; las actuaciones de mejora y conservación de la vegetación riparia degradada como pueden ser limpieza de márgenes, implantación de vegetación en márgenes y zonas de influencia de los cauces, etc.; las acciones encaminadas a la regulación del uso público y protección de los bosques frente a situaciones de exceso de uso; las obras de restauración hidrológica-forestal (implantaciones de vegetación, diques, albarradas, gavionadas, etc.) encaminadas a la protección de suelos forestales frente a episodios pluviométricos extraordinarios; las medidas de retención de agua naturales o regulación natural del agua por los ecosistemas forestales; los estudios o investigaciones ligados a inversiones a realizar bajo el apoyo de estas medidas, incluida la redacción de los planes de restauración hidrológico-forestal; o las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación movilización y comercialización forestales (inversiones en maquinaria e instalaciones).

Estas medidas se implementarán, para aquellos predios dotados de un Instrumento de planificación de la gestión forestal debidamente aprobado, en función de propuestas concretas realizadas contra dicha planificación, financiándose en parte por los recursos propios de cada país (en el caso español, del Estado y de las Comunidades Autónomas) y de los fondos europeos, en este caso concreto, del FEADER.

6       Las dificultades para el empleo forestal

Ante el panorama idílico presentado de la potencialidad de empleo en España hay que empezar a recortar expectativas impuestas por la realidad:

• Esa oferta potencial de empleo forestal permitiría suponer que podrían formarse de manera permanente alrededor de 10.000 trabajadores que estarían ocupados todo el año, pero, una primera cortapisa para fomentar la formación de trabajadores forestales, y por tanto empleo estable en el sector, es la dispersión de la superficie forestal de actuación. Esta dispersión supone la necesidad de mover al menos una parte de la mano de obra, que por tanto deja de ser local y como consecuencia no resuelve el problema de la despoblación, puesto que si se tienen que mover largas distancias, pueden perfectamente vivir en capitales o grandes núcleos de población, con mucha mayor y mejor oferta de servicios. Es absurdo pensar que se va a formar a todos los residentes en pueblos por si en alguna ocasión se hiciera una obra forestal en el monte de su pueblo. Por tanto, la inversión en formación de un trabajador que no va a poderse rentabilizar supone una cortapisa al desarrollo de las empresas forestales y la creación de empleo y fijación de población en las zonas forestales.
• Al inconveniente de la dispersión de la superficie forestal, se añade otro inconveniente que es la elevada estacionalidad de los trabajos forestales, no solo por las adversidades climáticas, sino también por restricciones de carácter legal que se imponen a muchas zonas forestales (épocas de trabajos restringidas por motivos de incendio forestal o por protección a la fauna o la flora); esto provoca una estacionalidad de los trabajos que es una traba para la formación y profesionalización del trabajador forestal y para la continuidad de su trabajo; desde el punto de vista de un inversor en el mundo forestal, la estacionalidad supone un obstáculo para el desarrollo de la inversión. Respecto a esta estacionalidad, está claro que lo que se exige es complementariedad con otros trabajos, es decir, que 1 UTA equivale en realidad a dos ó tres personas ocupadas en trabajos forestales la mitad o un tercio de las horas, y en otros trabajos el resto del tiempo, y este sería el camino para la corrección de este hándicap, desde luego.
• La propia política de subvenciones en el ámbito forestal es, paradójicamente, otra traba al desarrollo del sector; así como en la parte agrícola y ganadera, los agricultores a título principal pueden optar, por el mero hecho de serlo, a las ayudas comunitarias; los propietarios forestales, los selvicultores, no tienen tal derecho, sino que tienen que optar a las escasas ayudas disponibles. Y estas ayudas se otorgan por parte de la Administración en concurrencia competitiva, siguiendo unos criterios establecidos, por supuesto, hasta el agotamiento del presupuesto destinado a ello. Esto supone que dos predios similares adyacentes, uno de los cuales reciba ayudas y el otro no (aunque lo haya solicitado), pueden encontrarse en posiciones claramente diferentes desde el punto de vista productivo y por tanto mejor o peor posicionado frente al mercado: el que haya recibido ayudas puede tener su finca en mejores condiciones productivas (mejora de accesos, tratamientos selvícolas no comerciales que se han realizado en ella, infraestructuras de defensa contra incendios, etc.) que el adyacente que no las ha recibido; esto tiene un efecto pernicioso para movilizar el recurso en aquellas propiedades que no alcanzan a percibir la ayuda. Esto también lleva a considerar la fuerte inversión que se realiza en los montes de utilidad pública frente a los escasos recursos públicos destinados a los predios privados, cuando éstos suponen tres cuartas partes, prácticamente, de la superficie forestal nacional, que coloca en situación de desventaja a lo particular frente a lo público; está claro que los montes de U.P. cumplen unas misiones de importancia para el conjunto de la sociedad, que trascienden a la propiedad y por ello hay que invertir en ellos por parte del sector público; pero la desproporción entre la inversión pública en montes públicos y la inversión pública en montes privados es, en general, muy elevada; y esto es claramente evidente para el caso de montes privados que no reciben subvenciones, aún contando con características similares a los de U.P. (y por tanto cumpliendo ambos misiones claramente parecidas). En no pocas ocasiones, además, la enajenación de los productos de los montes públicos se ha realizado a precios claramente inferiores a los de mercado, con objeto de poder realizar la enajenación (el caso más evidente puede ser el de los pastos), que colocan fuera del mercado, finalmente, a los particulares cercanos. Estas situaciones provocan la desconfianza o el desánimo del propietario forestal privado para la gestión de su finca. Y ello sin contar una legislación ambiental cada vez más creciente que va aplastando al propietario privado o al inversor o empresario forestal, que se ve cada vez más perdido e indefenso ante la avalancha de normas que le afectan o le pueden afectar, que le impiden en no pocas ocasiones hacer lo que venía haciendo de manera tradicional, actividad que, paradójicamente, es la que ha permitido salvaguardar los predios forestales privados hasta ahora. Los poderes públicos deberían presupuestar suficiente dinero para que nadie que cumpla determinadas condiciones se quede sin subvención.
• La PAC en materia de ganadería a partir del año 2014 supone también un riesgo para la gestión ganadera del mundo mediterráneo o, al menos, del caso ibérico, redundando en la situación de infraeconomía y despoblamiento del mundo rural. La política europea de subvenciones a la ganadería se aplica al número de UGM del ganadero, quien debe acreditar que dispone de terreno de pastizal suficiente para que una UGM se alimente, como condición previa para poder percibir la subvención (si no, no sería extensivo); lo que pasa es que ahora no se considera superficie subvencionable la que está cubierta por arbolado o por arbustos, cuando en España la ganadería en extensivo siempre se ha realizado sobre todo en esas superficies; de esta manera se está retirando el ganado de los montes, que, si bien fue una lucha constante de los ingenieros de montes en los primeros años de la profesión para lograr la regeneración de unos montes entonces muy degradados, desde los años 80 del siglo XX suponía una eficaz y barata herramienta para el control de los combustibles y la movilización de nutrientes. Esta retirada del ganado de los montes, inicialmente debido a una normativa de conservación de especies y hábitats muchas veces con poco fundamento científico o técnico, y en los últimos tiempos acrecentada por causa de la nueva política europea de subvenciones ganaderas (seguramente redactada por políticos centroeuropeos en donde el ganado siempre ha estado estabulado, como mucho semiestabulado, y que no comprenden la idiosincrasia de la ganadería en el medio mediterráneo) es causa de un incremento de la continuidad y carga de combustible, que incrementa el riesgo estructural de incendio forestal, que detrae ingresos al medio rural que, por otra parte se pretende desarrollar, que favorece el abandono de la gestión de muchos montes en el medio mediterráneo cuya vocación productiva principal es la ganadería en extensivo, y que contribuye, por tanto, al despoblamiento rural. Precisamente, el despoblamiento rural ha provocado que muchas superficies agrícolas de productividad marginal se hayan dejado de cultivar, y que podrían, por tanto, ser muy adecuadas económicamente para su uso ganadero (o forestal) y, sin embargo, debido a la desaparición del ganado, han pasado a ser superficies forestales, pero improductivas y de elevado riesgo estructural frente al incendio forestal.
• El despoblamiento rural, debido al desarrollo económico de nuestra sociedad en la segunda mitad del siglo XX, que provocó el éxodo hacia las ciudades y la costa, que ofrecen unas condiciones de vida más cómodas y mayores oportunidades económicas, con trabajos mucho menos penosos que los del ámbito rural de montaña, y que se acrecienta en los últimos tiempos por la poca oferta de trabajo en este medio, la aún escasa dotación de servicios, y las casi nulas oportunidades económicas que puede ofrecer, unido a la irrupción de los combustibles fósiles en el medio rural, el desplome paulatino y continuado de los mercados de los productos forestales, en parte debido a la internacionalización del comercio y la relativa baja calidad y homogeneidad que, en general, tienen los productos forestales mediterráneos frente los producidos en los trópicos y zonas templadas unido a los elevados costes de explotación en España, así como la desaparición de la ganadería por su poca rentabilidad, llevan asociado un abandono de la gestión, un incremento de la superficie forestal y un incremento del riesgo estructural de incendio forestal, lo que lleva a considerar que los incendios forestales de gran magnitud van a ser una constante a lo largo de los próximos años, y más en unas condiciones de mayor recurrencia de sequías y mayor irregularidad pluviométrica.

En definitiva, la inversión en el medio forestal no va a terminar con la despoblación: la economía de subsistencia que va ligada a condiciones productivas difíciles nunca va a dar lugar a un desarrollo de zonas en las que las inversiones en servicios son costosas y producen nulo o muy escaso retorno económico. La inversión en infraestructuras costosas no se justifica para una población pequeña habiendo otras prioridades de servicio a segmentos más amplios de la población y menos aún en un contexto de crisis. Sin embargo, en los núcleos de población de tamaño medio en los que haya una cierta oferta de mano de obra forestal, puede contribuir a frenar la posible migración si existe una oferta continua de trabajo en zonas en las que habitualmente no lo hay y donde el paro agrario en la actualidad es importante.

La inversión forestal tampoco va a atajar definitivamente el problema de los GIF, que va a ir ligado a un incremento de la biomasa forestal (combustible vegetal), unido a un previsible empeoramiento de las condiciones climáticas (mayor recurrencia de sequías, mayor irregularidad pluviométrica e incremento del régimen torrencial de las precipitaciones). Pero la inversión forestal puede contribuir a reducir el número de incendios (de superficie superior a una hectárea), pasando éstos a conatos si se disminuye la continuidad del combustible con los trabajos en selvicultura. Y, en su caso, reducir el tamaño medio de los GIF.

Cómo revertir esta situación es el gran reto que tienen por delante profesionales y políticos en los próximos años. No cabe ya ninguna duda de que el monte cumple un papel fundamental en el bienestar, la calidad de vida y el desarrollo económico de todas las personas: desde la fijación de suelos y la regulación de escorrentías, hasta el disfrute del paisaje, pasando por aspectos tan variados como la caza o la pesca, la producción de oxígeno, la sujeción de terrenos adyacentes a cultivos y la mejora de las condiciones para la agricultura, la producción maderera o de biomasa, de corcho, de frutos, de resinas, la producción pascícola y, por ende, ganadera, la fijación de carbono atmosférico, la conservación y el desarrollo de especies y hábitats, y otras muchas... Pero si no se gestiona adecuadamente, se está abocando al monte a la catástrofe. Y para gestionar el monte hay que trabajarlo, en condiciones que supongan un atractivo para el trabajador y para el inversor y el propietario.

Habría que:

• levantar restricciones legales a la gestión forestal y ganadera, apoyadas en muchas ocasiones en meras opiniones, muy extendidas pero sin fundamento real científico, técnico o experimental
• reconsiderar la política de ayudas o subvenciones a la producción y a la gestión en general, extendiendo las ayudas a todo el sector forestal, lo que supondría, seguramente, un cambio en la propia política europea
• reconsiderar la política forestal nacional (más bien las políticas forestales autonómicas) que dirige los cada vez más escasos recursos públicos hacia la extinción de incendios antes que a la prevención, y hacia los montes de titularidad pública, en detrimento de la mayor parte de la superficie forestal que es privada, además de poner trabas de carácter administrativo o normativo a la gestión forestal, ganadera, cinegética y, en general, a la gestión del medio rural, en detrimento de su desarrollo, y dirigirla hacia el fomento de las condiciones productivas y de gestión de todo el medio rural (público y privado), que devendrán en un desarrollo rural real
• educar, comunicar, transmitir al público en general que la conservación de los montes pasa necesariamente por la gestión de los mismos, y que la gestión técnica y ordenada es la garantía de su conservación en sentido amplio, de todos sus valores (naturales, sociales, económicos, espirituales, etc.) y que es (como lo ha venido siendo desde hace centenares de años) compatible con todos esos valores simultáneamente

 

[1] http://bioeconomia.agripa.org/

[2] http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/Agrinfo12_tcm7-161562.pdf

[3] Zoido Naranjo, F. y Arroyo Pérez, A. 2004. La población en España; en: Arroyo Pérez, A. (coord.) 2004. Tendencias demográficas en España durante el siglo XX. INE. Universidad de Sevilla. Madrid.

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924959283&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas

[4] Según la anteriormente citada publicación del MAPAMA Agrinfo nº 12

[5] UTA: Unidad de trabajo – año, equivalente a 228 jornadas de trabajo ó 1826 horas, ó más.

[6] El paro es la principal preocupación de los españoles, que nunca ha bajado del 68% en los barómetros del C.I.S. que miden el estado de la opinión pública en España, desde mayo de 1985.

[7] Datos del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_avance/paro/

[8] Se refiera a la superficie que aporta al IFN4 la última actualización del MFE.

[9] Los datos están obtenidos de las siguientes publicaciones del MAPAMA (http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/estadisticas/Incendios_default.aspx#para0):

• Los incendios forestales en España. Decenio 1991 – 2000
• Los incendios forestales en España. Decenio 2001 – 2010
• Los incendios forestales en España. Año 2011
• Los incendios forestales en España. Año 2012
• Los incendios forestales en España. Año 2013
• Los incendios forestales en España. Año 2014
• Los incendios forestales en España. Año 2015
• Los incendios forestales en España. Año 2016

[10] El Plan Forestal Español (PFE) propone unas intervenciones prioritarias en materia de selvicultura sobre 1.344.000 ha; siendo las prioritarias, y aunque la vigencia del PFE se planteaba para 30 años, desde 2002, podría considerarse que esa actuación debiera llevarse en los primeros 5 a 10 años del PFE, por lo que el orden de magnitud calculado aquí se aproxima bastante a lo establecido en el PFE. (http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/pfe_tcm7-30496.pdf)

[11] Si se supone que el subsidio de desempleo es de media 7.800 € anuales, la reducción del importe del subsidio que proporcionarían estos empleos equivalentes supondría un ahorro para la economía española de entre 50 y 137 millones de euros al año. Las cotizaciones a la Seguridad Social serían del orden de 1.875 € al año por trabajador, lo que supondría un ingreso a las arcas de la Seguridad Social de entre 12 y 33 millones de euros anuales.

[12]http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo-2014-2020/programas-de-desarrollo-rural/programa-nacional/Informacion.aspx